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| Campaña de Chrysallis Euskal Herria |
Dos
niñas –una con pene y otra con vulva– y dos niños –con la misma formulación–, más
una frase –«Hay niñas con pene y niños con vulva. Así de sencillo»–, son los
ingredientes que componen el cartel que la asociación de familias con hijos
transexuales Chrysallis Euskal Herria
colocó, a principios de este año, en varias marquesinas del País Vasco y de Navarra.
No estuvo exento de polémica; un mes después, la organización ultracatólica
HazteOír sacaba a pasear por Madrid un
autobús que replicaba con otro mensaje: «Los niños tienen pene. Las niñas
tienen vulva. Que no te engañen». Pese al fuego cruzado, Eva Sever, miembro de
Chrysallis, asegura que cumplieron su objetivo: «sacar el debate a la calle».
Sin
duda, desde entonces la realidad trans
está en el candelero. Y es necesario. En España, salvo en algunas comunidades,
para que una persona transexual pueda acceder a la hormonación, a las cirugías
de reasignación o al cambio de sexo en los registros oficiales, debe hablar primero
con el psiquiatra. Él dará el visto bueno siempre que diagnostique una disforia
de género –para la Organización Mundial de la Salud, «un trastorno mental»–; sí,
así siguen tratando a esta persona, como si estuviese enferma.
En
el País Vasco el requisito es el mismo. Chrysallis Euskal Herria demanda,
además de dicha despatologización de la transexualidad, la habilitación de un
centro especializado para las familias y, en los centros escolares, tanto la formación
del profesorado como la atención especializada a cada alumno y alumna
transexual. A pesar de haber tenido este mes varias reuniones con el Gobierno Vasco,
Eva Sever asegura que, «de momento, apoyo institucional, ninguno». Entretanto, Cataluña
ha borrado la psiquiatría del proceso, Navarra ha creado un centro para las
familias y Madrid
ha implantado la educación sobre diversidad sexual en las aulas.
Mientras
un estudio
de la Academia Pediátrica Americana probaba en 2016 que los menores en
situación de transexualidad, que sí son apoyados, tienen los indicadores «calidad
de vida» y «felicidad» similares al resto de la población, las instituciones
vascas siguen sin mover un dedo. Su actuación frente a la situación de estos niños
y estas niñas no es relegable a un segundo plano, pues obstaculiza, como dice
Eva Sever, algo fundamental: «Que se les escuche, se les acompañe y tengan los
mismos derechos que el resto de personas».
